¿Qué tienen en común aquellos que lloran, dentro y fuera de Chile, la muerte de Augusto Pinochet, con los que hace pocos días aplaudían la reelección de Hugo Chávez?
Aunque lo habitual sea que quien alabe a uno denoste del otro, la verdad es que no hay gran diferencia entre los que, por un lado, pretenden canonizar al hoy difunto general por haber sentado las bases de la prosperidad económica de Chile, y quienes, por el otro, ven en el comandante paracaidista a un justiciero social y un defensor de la soberanía latinoamericana. Ambas posiciones no dejan de ser, en el fondo, profundamente pragmáticas: las dos privilegian los resultados y prestan poca atención a los medios que se emplean para obtenerlos.
Una conclusión se impone: en las preferencias de un significativo sector de latinoamericanos (si no la mayoría), la defensa de las libertades públicas no juega un rol fundamental. Esto no deja de ser lamentable y, al mismo tiempo, peligroso. Los regímenes encabezados por personajes como Pinochet o Chávez tienen como consigna la intolerancia frente a todo tipo de oposición, la destrucción —política y personal— de quien manifieste cualquier disconformidad. El terreno para la exclusión y el resentimiento está abonado.
La educación para la libertad tiene que convertirse en una política pública fundamental e irrenunciable. Una libertad que vaya de la mano con la promoción de la iniciativa individual, pero también con la igualdad de oportunidades y el siempre sagrado derecho de opinar. Un verdadero ciudadano ha de ser consciente de que ningún logro material puede servir como justificación para una dictadura. Es ésta una asignatura pendiente para las nuevas generaciones de latinoamericanos. De lo contrario la sombra de la división y de la violencia social seguirá pendiendo sobre sus cabezas, tal como hoy pende sobre las nuestras.
